Arrancan alegatos en caso Blue Apple a pesar de ausencia de varios imputados

La investigación de Blue Apple detectó una red de lavado de dinero mediante obras publicas. Hay 51 imputados por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

A la derecha el fiscal superior, Aurelio Vásquez saliendo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, habilitado en el Teatro Balboa. Foto: @PGN_PANAMA

Con los alegatos de los fiscales se inició este jueves la audiencia preliminar del caso Blue Apple, después de dos intentos fallidos.

En el primer día de audiencia, la Jueza de Garantías negó los incidentes presentados por la defensa de los imputados.

Y esto, porque en el caso de alto de perfil, al menos dos abogados, Víctor Orobio y Alejandro Pérez, se manifestaron sobre la falta de imputación a sus clientes.

Por ejemplo, mencionaron las situaciones de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, imputados en esta investigación, pero que no están en Panamá.

El primero reside en Italia gracias a que goza de la doble nacionalidad y los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes están presos en Guatemala por un pedido de extradición de Estados Unidos.

Adolfo De Obarrio es liberado en Italia, no será extraditado a Panamá

Sin embargo, entre los 51 imputados en este proceso también están los exministros de Obras Públicas Federico José Suárez y Jaime Ford, entre otros exfuncionarios.

La investigación que inició el 30 de octubre de 2017, partió de un informe de inteligencia policial que hizo referencia a la sociedad anónima ‘Blue Apple Services’, creada por varias personas (exfuncionarios de 2010-2014).

Blue Apple tuvo como fin ‘disfrazar o blanquear dineros’, presuntamente obtenidos de sobornos recibidos tras la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional.

Para ello se valieron para del sistema bancario local e internacional con el propósito de dar apariencia ‘legitima’ a los dineros.

Además de personas naturales están involucradas empresas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita y contra la fe pública.

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