La jueza Baloisa Marquínez declaró culpable a Ricardo Martinelli de haber gestado la compra de Epasa, a través de contratistas del Estado.

El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión (128 meses) por el caso New Business, sobre blanqueo de capitales en la compraventa de la Editora Panamá América S.A. (Epasa).
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La juez Baloisa Marquínez también declaró responsables como autores a otras 4 personas, por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 254 del CP, entre estos, el empresario Daniel Ochy de la empresa Transcaribe Trading (96 meses), Valentín Martínez (86 meses), Iván Arrocha (70 meses) y Janeth Vásquez (60 meses).
En la sentencia se ordenó la disolución de dos sociedades y el comiso de las acciones de la Editora Panamá América S.A. (Epasa), a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial.
De igual forma, se impuso una multa equivalente a $19,221,600.48 como pena accesoria al exmandatario Martinelli. A los directores de las empresas contratistas se les inhabilitó para el ejercicio del comercio por un término igual al de la pena principal.
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Marquínez resolvió multar a los testigos que fueron citados y no comparecieron, con la suma de $100.00, que deberán cancelar a favor del Tesoro Nacional.
A pesar de esta sentencia, Martinelli ha reiterado que seguirá su campaña política para correr como candidato presidencial en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, por lo que se espera que su equipo de abogados presente recursos para apelar la pena de prisión.
El propio exmandatario se había adelantado a este suceso, cuando aseguró en un mensaje publicado en sus redes oficiales que, sería condenado con un fallo ‘injusto, ilegal e inmoral’.
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Este fallo mixto, con fecha de 17 de julio de 2023, que se encuentra en su etapa de notificación, absolvió a 10 personas y se levantaron las medidas cautelares y reales que pesaban en contra de estos, siempre que no guarden relación con la situación jurídica de otros coprocesados que se encuentran pendientes que se defina su situación jurídica.