El presidente Cortizo expresó que esperaba ‘reciprocidad’ de Minera Panamá, sin embargo incumplieron el acuerdo que establecía $375 millones para el Estado.
Tras el incumplimiento de Minera Panamá S.A. en la firma de un nuevo contrato para la operación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo instruyó a su Consejo de Gabinete a tomar medidas para la suspensión temporal del proyecto.
En un vídeo emitido en cadena nacional, Cortizo expresó que ni él ni el Gobierno podían aceptar la decisión de Minera Panamá de no firmar el contrato.
Y detalló que la Resolución No.144-22, aprobada de manera unánime ordena al titula del Ministerio de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales, con el propósito de ordenar a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura, (cuido y mantenimiento), es decir, cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá.
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También instruye al ministro de Ambiente a que adopte las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero.
De igual forma autoriza a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, a que supervise, vele y verifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá, S.A., y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales.
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En enero de 2022, Minera Panamá, S.A., a través de una carta firmada por Manuel Aizpurúa y dirigida al entonces titular de Comercio, Ramón Martínez, manifestó que considera razonable un aporte anual mínimo de $375 millones.
‘En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto’, agregó la misiva de la empresa.
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Con este compromiso, el Estado mantuvo conversaciones de ‘buena fe’ con Minera Panamá, S.A., con el propósito de concluir una redacción final de un nuevo contrato de concesión minera acorde con los términos negociado, lo cual no fue posible hasta la fecha límite de 14 de diciembre de 2022.
