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Hasta cuándo el estado de emergencia

La gente se queja de que los bancos los hostiga, las deudas se abultan, los ahorros decrecen y no hay claridad sobre cuándo terminará esta política zigzagueante.

Llegamos al término de este 2021 con el país todavía sumido legalmente en un estado de emergencia y una importante mayoría de la población subsiste con un vale 120 dólares al mes o está ante la incertidumbre de un 2022, igual o más descolorido que el año que languidece.

Al igual que la mascarilla, también se habían dado señales de que diciembre sería la fecha límite para el imperio del estado de emergencia, pero a falta de pocas horas para que termine el año, ninguna de las dos se hará efectiva.

A principios de noviembre el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aclaró que en caso que se decidiera levantar el estado de emergencia, esto sería solo en el ámbito administrativo, en tanto que las medidas de bioseguridad seguirían vigentes. Obviamente, eso no se ha dado.

Más tarde el presidente Laurentino Cortizo anunció la extensión del vale digital hasta junio de 2022, lo que para muchos no fue una buena señal sobre lo que se prevé para el nuevo año.

Repunte de la covid-19 y falso triunfalismo

Indudablemente, muchas personas necesitan de ese alivio económico, mientras se mejore su situación o surja una oportunidad de empleo, pero desde la otra acera queda la sensación de que el Gobierno estima que la situación actual no tendrá variación en poco tiempo, por lo que mantener el estado de emergencia y seguir repartiendo vales, parecen caminos obligados.

Surge entonces la interrogante sobre por cuánto tiempo el país seguirá así y, sobre todo, por cuánto tiempo la gente podrá aguantar esa situación que se asemeja estar colgado de un hilo.

Quienes escudriñan la realidad socio política del país han llegado a la conclusión de que, si bien es cierto la crisis sanitaria persiste, el mantener la situación como está no deja de ser un mecanismo de control social y con el estado de emergencia vigente se mantiene maniatada a la población, mientras la gestión gubernamental acciona a sus anchas.

No dejan de ser realidades chocantes que la gente pueda asistir a presenciar espectáculos deportivos en masa o encerrarse en centros de diversión, mientras que las escuelas y universidades se estrellan con cualquier excusa que contribuya a truncar su reactivación.

El país, su gente, no resiste otros 12 meses de parálisis o de andar a media máquina.

Ya tenemos suficientes amenazas

La gente se queja de que los bancos los hostiga, las deudas se abultan, los ahorros decrecen y no hay claridad sobre cuándo terminará esta política zigzagueante, vacilante y sin rumbo definido.

No se trata de lanzar a la población a que todo el mundo se la “rife”, pero sí estamos urgidos de señales que nos dejen claro que quienes nos gobiernan tienen calibrada la diferencia entre lo urgente y lo importante y que actúen con base en lo que es prioritario.

No se puede seguir postergando las decisiones y aferrándose a paliativos. Eso lo podíamos aceptar y soportar hace 21 meses, pero ya no.

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