La morosidad de la empresa Odebrecht con el Estado panameño ascendió a $18.3 millones, correspondientes al no pago de la multa en 2022.
Un Tribunal de Cumplimiento decretó este martes el incumplimiento del pago de la multa por parte de las empresas Constructora Norberto Odebrecht de Panamá S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. (CNO S.A.), correspondiente al plazo del año 2022.
A su vez aplicó un incremento del 5%, en concepto de morosidad, dentro de la condena impuesta a dichas empresas, tras el escándalo de coimas o sobornos que admitió la constructora en el año 2016.
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En el desarrollo de la audiencia de control de cumplimiento de la pena impuesta, se dio a conocer que el incumplimiento asciende 18 millones 333 mil 333 dólares, cantidad que no fue entregada por las empresas Odebrecht, que sumando el 5% se incrementa a 19 millones 250 mil dólares, dinero que debe ingresar al Tesoro Nacional.
La Procuraduría de la Nación, representada en audiencia por la fiscal Anilú Batista, solicitó al juez James Corro se decretara el incumplimiento y de igual manera, que se ordenara la retención de créditos por proyectos realizados por las empresas Odebrecht con el Ministerio de Vivienda y Reordenamiento Territorial, por un monto de más de 16 millones de dólares y del Metro de Panamá, por más de 2 millones de dólares haciendo un total de 19 millones de dólares aproximados.
Con este monto se hará frente al pago de lo adeudado, correspondiente a la sanción establecida en el acuerdo de colaboración eficaz con pena, homologado por el Juzgado Duodécimo de Circuito de lo Penal, el 9 de noviembre de 2017.
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El juez de cumplimiento agendó otra audiencia para el 10 de julio de 2023 a las 9:00 a.m. donde las empresas condenadas deberán brindar información financiera y plantear opciones de pago para los próximos plazos.
Además, la Fiscalía solicitó al juez de la causa girar nota a la Contraloría General de la República para conocer el estado de los cheques que están en espera de refrendo para el cumplimiento de la orden judicial de retención sobre 41 millones dispuestos en el año 2022, por parte del Metro de Panamá, S.A. y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
La fiscal Batista basó su argumento en el artículo 514 del Código Procesal Penal, porque las empresas sancionadas incumplieron el plazo fijado para el pago de la sanción que es de un total de 220 millones de dólares, pagaderos al 31 de diciembre de cada año.
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