La ministra Maruja Gorday de Villalobos anunció la retención del pago de la segunda quincena de noviembre a los docentes que no retornen a clases.
El Ministerio de Educación (Meduca) anunció las medidas disciplinarias que aplicarán a los docentes que no regresan a las aulas a impartir clases.
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos advirtió que aquellos educadores que no han atendido la segunda circular para retornar a las clases, serán objeto de la retención del pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre.
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En conferencia de prensa, la titular de Educación manifestó que han sido muy flexibles en otras modalidades que se puedan impartir en cabeceras de provincias y comarcas. ‘Quiero señalar que con las solicitudes al retorno y aquellos que no han cumplido se procederá a tomar las acciones administrativas y retener el pago de la segunda quincena de noviembre’, enfatizó.
Como consecuencia de la ausencia de los educadores, entonces retendrán el pago del PASE-U, correspondiente al último trimestre del año lectivo.
Así lo precisó, Guillermo Alegría, director Nacional de Educación, quien indicó que el pago del PASE-U está condicionado a las calificaciones que entreguen los educadores. ‘Si no tenemos calificaciones en este trimestre, no podemos pagar las becas’, puntualizó.
Derogatoria no es viable
Para los gremios como la Asociación de Profesores (Asoprof) estas medidas anunciadas por el Meduca agravan la situación y mantienen su posición en que no regresarán a clases hasta que se derogue la Ley 406 que estableció el polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A.
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Además de la Asoprof, gremios como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y otros aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida mantienen esa misma convicción de que el contrato minero puede ser derogado contra ley, sin embargo tras una consulta del presidente Laurentino Cortizo, el procurador de la Administración, Rigoberto González sustentó que es ‘no es viable jurídicamente’.
El procurador informó al Ejecutivo una derogatoria excedería los límites de la función legislativa, atribuida a la Asamblea Nacional, por tanto se debe esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las 10 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 20 octubre.
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