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Minería o contrato, ¿a qué es lo que se oponen?

Resulta evidente que hay un sector radical que simplemente no quiere que haya minería en el país o la quiere con las reglas de ellos.

Comisión de Comercio y Asuntos Económicos le da primer debate al Proyecto de Ley 1043.

En lo que aparenta ser un ejercicio democrático, la Asamblea Nacional mediante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos inició una consulta pública sobre contrato minero presentado por el Ejecutivo.

En los tres primeros días, la mayoría de las exposiciones se basaron en la situación personal o sectorial de los expositores. Fue muy poco lo que se pudo precisar en términos técnicos y legales sobre el Proyecto de Ley 1043.

Lo anterior resulta inquietante, porque a gran parte del país no le queda claro si lo que se defiende o ataca es a la minería o los términos establecidos en el llamado contrato minero.

Resulta evidente que hay un sector radical que simplemente no quiere que haya minería en el país o la quiere con las reglas de ellos. Se trata de una postura de vieja data que contiene más aristas pasionales que técnicas, científicas y legales.

Oponerse la minera como tal, equivale a la darle el dorso a una actividad que desde tiempos lejanos ha contribuido a la prosperidad de individuos, familias, regiones y hasta de países.

No debemos obviar tampoco que una inmensa porción de los elementos, instrumentos y artículos imprescindibles de los que gozamos hoy, tiene su origen en la explotación minera.

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Por todo lo anterior, creemos que la discusión debe centrarse en los términos establecidos en el contrato en materia ambiental, social y, por supuesto, económica.

El aspecto económico el Gobierno no debe aceptar migajas a cambio de la explotación de uno de nuestros más preciados recursos naturales.

Por lo tanto, debiera ser tarea primordial de todos los líderes y voceros de este movimiento, el luchar porque el Estado panameño logre un contrato que no le conceda a la empresa minera derechos que afecten nuestra soberanía, nuestra salud, los derechos de la población y que tampoco comprometa a las generaciones del futuro.

No debe quedar en el contrato ningún intersticio por el que se pueda colar algún vicio o que permita a la minera actuar a discreción.

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Pensar a estas alturas que se podrá cerrar y/o paralizar la actividad minera, es una ilusión que solo cabe en la mente de quienes no quiere entrar en razón. Cierto es que, si no hay compromiso y responsabilidad en los acuerdos, las consecuencias pueden ser nefastas; hasta fatales.

Pero al final del camino, ahora o más tarde, el contrato se aprobará, entonces la tarea de todos es permanecer vigilantes, proponer soluciones claras para que, de ser necesario, puedan ser revisadas y corregidas por el Ejecutivo para que su paso por el filtro ciudadano y el tamiz de los disputados sean lo más sosegado posible. No hay otro camino.

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