Operaciones de la mina están paralizadas

Mitradel rechaza suspensión de 4,051 contratos en Minera Panamá

Minera Panamá solicitó la suspensión de contratos para más de 4 mil trabajadores, alegando la paralización de operaciones del Puerto de Punta Rincón.

El puerto de Punta Rincón, desde donde se exportan los minerales, mantiene suspendidas sus operaciones. Foto: Minera Panamá

La suspensión de efectos de los contratos de 4,051 trabajadores solicitó la empresa Minera Panamá S.A., en medio del cese de operaciones ordenado por el Gobierno, tras no llegar a firmar un nuevo contrato.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), confirmó que recibió el lunes 27 de febrero en horas de la tarde la petición por parte de la empresa Minera Panamá, través de la Dirección Regional Especial de Trabajo de dicho proyecto.

La solicitud tiene base al artículo 199, numeral 8 del Código de Trabajo que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor, cuya justificación se centra en la suspensión de operaciones del Puerto de Punta Rincón, por parte de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas y Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá.

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Sin embargo, el Mitradel rechazó la solicitud, sustentando que el artículo 441 del Código de Trabajo establece que, durante la tramitación y negociación de los pliegos de peticiones, todos los despidos o suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo, deberán tener autorización judicial previa, mientras no se concluya la tramitación de dichos pliegos.

De acuerdo con Mitradel se rechazó de plano la solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo presentada, cumpliendo la ‘misión de protección de los puestos de trabajo y la correcta aplicación de la norma laboral’.

En el mes de diciembre, los sindicatos de trabajadores presentes en Minera Panamá, elevaron sendos pliegos de peticiones, los cuales se mantienen en trámite a la fecha.

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El Mitradel reiteró que mantiene la comunicación y atención permanente con los trabajadores de la mina Cobre Panamá.

Desde finales de diciembre, el Gobierno y la empresa se han extendido en una negociación por la forma de un nuevo contrato para la operación de la mina, después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el primer contrato ley de 1997.

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