Los que señalan, gritan y exigen el fin de percibidas injusticias, hoy día son sin duda los más injustos. Esto requiere una inmediata corrección, en el ánimo de equiparar la mesa y permitir su avance.
Desde hace semanas afrontamos una encrucijada política y social de igual o mayor magnitud que la superada entre 1987 a 1990.
Desde ese período al presente, por diversos factores tales como el ordenado traspaso del Canal de Panamá y áreas aledañas, la globalización, nuestra privilegiada posición geográfica, puntuales normativas legales adoptadas e implementadas para el mejor provecho de los factores mencionados, y capacidad de endeudamiento, logramos alcanzar año tras año un privilegiado puesto entre los países líderes regionales en crecimiento porcentual del PIB e ingresos per cápita, y por un breve lapso el soñado pleno empleo.
No obstante, desde el año 2013 en adelante, se inicia un período de disminución del crecimiento porcentual y aumento de la tasa de desempleo, aunado a un persistente y difícil de erradicar porcentaje de pobreza y pobreza extrema del 20% de la población.
Este último factor toma un inesperado giro con el inicio y manejo económico de la pandemia, lo cual agrava este fenómeno social. Si bien es meritorio reconocer medidas sanitarias y sociales adoptadas por el gobierno, tales como la efectiva vacunación y atención médica, y el Plan Colmena entre otros, el resultado final de la crisis sanitaria ha sido una merma en la capacidad de endeudamiento, un marcado incremento del desempleo y empleo informal.
Ello contrasta con el incremento sin precedentes de la planilla estatal, creando condiciones y percepciones que constituyen caldo de cultivo para el estallido social y político que afrontamos hoy.
Otros factores se suman a los mencionados, principalmente la expansión del acceso a las redes sociales, y el viraje del péndulo político de América Latina hacía el populismo y la izquierda.
El primer factor constituye una efectiva arma de información y mercadeo, utilizado por gobiernos, empresas, partidos políticos, sindicatos, grupos religiosos, universidades y otros actores organizados con fines legítimos de diversa índole; pero conlleva otra característica poco considerada, el empoderamiento de individuos o grupos informales que auto asumen una importancia irreal en comparación con su peso social efectivo, y en la práctica se convierten en peligrosos elementos disruptivos causa de sucesos tales como atentados, cierres y actos similares.
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A este neo fenómeno, ya estudiado por algunos politólogos de derecha, se le ha denominado la Revolución Molecular Disipada, sufrida en otros países tales como Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y en cierto grado se manifiesta en la crisis que vive nuestro país.
El segundo factor permite un coordinado apoyo de gobiernos regionales a grupos legítimos en otros países, que a su vez logran sumar a sus causas apoyos atomizados que resulta imposible controlar, tanto para ellos como para los gobiernos.
Este fenómeno deben tenerlo presente los actores sentados en la Mesa Única de Dialogo, principalmente si consideramos que para avanzar en el diálogo, el gobierno requiere garantizar la restitución del libre tránsito que contempla el Artículo 38 de la Constitución Nacional, y los tratados internacionales suscritos por el país prohijados en leyes de la República.
Esta garantía podría limitarse en un inicio a un período razonable de tiempo diario, por ejemplo 12 horas, pero lo importante es que las partes reconozcan el derecho del gobierno hacer cumplir su deber legal y constitucional, aun cuando ello requiera el uso de la fuerza.
Es importante considerar que el gobierno cumplió a priori con la principal petición causa de la explosión social, aceptar y hacer efectivo un tope de 3.95 al precio del galón de gasolina, lo que añade un monto mensual de 85 millones de dólares a las ya maltrechas finanzas públicas. También es importante considerar que, a causa de los diversos e impenetrables puntos de cierre, han perdido sus ingresos colaboradores del sector privado, productores agrícolas y pequeños empresarios, segmentos que hoy día viven graves penurias.
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En contraposición, los maestros y profesores, entre otros, siguen cobrando sus salarios sin trabajar y las arcas sindicales se engrosan de las cuotas mensuales a la que están acostumbrados. En síntesis, los que señalan, gritan y exigen el fin de percibidas injusticias, hoy día son sin duda los más injustos. Esto requiere una inmediata corrección, en el ánimo de equiparar la mesa y permitir su avance.
El bienestar de la Nación exige un desprendimiento colectivo, la encrucijada social y política objeto de este análisis constituye una amenaza contra el país, pero también contra los legítimos actores reunidos de lado y lado en la Mesa Única de Dialogo.
Resaltan a simple vista la declaración de estado de urgencia contemplada por el Artículo 55 de la Constitución Nacional, ya sea en toda la República o parte de ella; un acto de fuerza que conlleve una ruptura del orden constitucional; o un imprevisto deterioro o acción que se considere altera o amenaza la operación y funcionamiento del Canal de Panamá.
Nuestra nación surgió pensando y soñando en grande, por el bien colectivo, que el mismo espíritu abrace los actores de la Mesa Única de Dialogo.
Por último, sería conveniente aprovechar la coyuntura para que la Mesa Única de Dialogo considere las causas de nuestra deteriorada educación pública escolar, no guardo la menor duda que el nivel de deterioro que experimenta, nuestra poca capacidad de reestablecer un robusto crecimiento económico, el apretado margen de asumir deuda pública, y los elevados reclamos en materia social, harán realidad el sueño de Acción Comunal, “Hable en español y cuente en balboas”.
Lamentablemente, ese anhelo se cumpliría con 100 años de retraso y en la época equivocada, para desgracia de un gran porcentaje de nuestra población.
