Hay que discutir en forma realista, sobre las causas estructurales de la desigualdad y garantizar que las políticas públicas beneficien a la mayoría.

Panamá experimenta hace meses una creciente animosidad ciudadana, una evidente sensación de incertidumbre y deterioro social que amenaza con desestabilizar al país.

La llegada del presidente José Raúl Mulino al poder no solo no ha disipado estas sombras, sino que las ha reforzado, haciendo manifiestas una serie de dificultades que exigen un análisis riguroso y una comprensión profunda desde una perspectiva psicosocial. La percepción generalizada de que se trata de una administración carente de un plan de gobierno claro y con una aceptación social cada vez más decaída, sumada a un estilo de liderazgo con tonos autoritarios, ha desatado una ola de descontento que se manifiesta en huelgas, protestas y, en casos extremos como en Bocas del Toro, en situaciones de anarquía.

Desde el inicio, este gobierno ha mostrado que no posee una hoja de ruta definida, no hay una visión clara para el futuro. La ciudadanía, se ha encontrado con un discurso agresivo y una aparente improvisación en su gestión. Dicha falta de planes gubernamentales, la ausencia de propuestas concretas para abordar los desafíos de Panamá ha generado una profunda decepción.

En muchas ocasiones me he referido al concepto de anomia, analizándolo no solo como reflexión teórica, sino como una realidad palpable que se manifiesta en la pérdida de orden social y el debilitamiento de las normas, que hoy podemos visualizar en regiones como Bocas del Toro. Por tal motivo, siempre es menester abordar asuntos como el estilo del presidente Mulino, su confrontación con la sociedad, las implicaciones de su postura respecto a la minería y la respuesta social que estas políticas han generado.

Esta situación, también ha dado paso a la retórica belicosa, con intolerancia a la crítica, chocando con las expectativas de la población. La actitud ante las protestas, la represión y persecución política de sindicatos y organizaciones sociales que se oponen a sus políticas, son indicios claros de una gobernanza que prioriza la imposición sobre el consenso. Caso ley 462, por ejemplo. Hay que convencer antes de imponer.

La legitimidad de un gobierno no solo se construye con procesos electorales, sino también a través del reconocimiento de su capacidad, transparencia y suficiencia para representar los intereses ciudadanos. Cuando un gobierno es señalado como opaco, inconsistente y autoritario, su autenticidad se carcome, abriendo la puerta a la disconformidad social.

Otro de los puntos de fricción entre el gobierno y la sociedad panameña es la postura de la posible reapertura de la mina. Ese megaproyecto, que ya había sido objeto de intensas protestas y rechazo popular debido a sus impactos ambientales y sociales, se ha convertido en un símbolo de la priorización de los intereses económicos sobre el bienestar de la población y la sostenibilidad del medio ambiente. La insistencia del gobierno para reabrirla, a pesar de la oposición de amplios sectores, refuerza la impresión de que el presidente Mulino está inclinado a gobernar para las élites económicas.

La población, consciente de los riesgos ambientales y sociales asociados a la minería a gran escala –contaminación del agua, deforestación, desplazamiento de comunidades y la alteración de los ecosistemas–, califica la decisión gubernamental como una amenaza a su calidad de vida. Este conflicto de intereses entre el capital y el bienestar social se convierte en un detonante de la protesta y la movilización. La defensa del medio ambiente y los recursos naturales se erige no solo como una lucha ecologista, sino como una reafirmación de la soberanía popular y su capacidad para influir en las decisiones que afectan su futuro.

La forma de comunicación del gobierno al abordar este tema, desestimando los reclamos, agrava la situación. Cuando los líderes políticos no valoran las preocupaciones de sus ciudadanos y adoptan una postura defensiva, rompen los puentes de comunicación, menoscabando la posibilidad de un diálogo constructivo que aumenta las tensiones sociales. Así, las manifestaciones han escalado en intensidad y frecuencia, reflejando la creciente frustración de una sociedad que no se siente escuchada.

La respuesta gubernamental: criminalizar las protestas, detener líderes sindicales, así como el uso desproporcionado de la fuerza pública para contener las movilizaciones son tácticas que no solo violan los derechos humanos, sino que también ahondan la división entre el Estado y la sociedad. La represión puede tener un efecto contraproducente, ya que, al silenciar las voces disidentes, se corre el riesgo de que el descontento se manifieste de forma descontrolada. El acoso a quienes disienten crea un clima de intimidación que alimenta más la resistencia.

VEA ESTO: La clasificación del murmullo

Las consecuencias de esta espiral de protestas y represión son múltiples. En primer lugar, se deteriora la imagen internacional de Panamá como país democrático y estable, afectando la inversión extranjera y/o el turismo. En segundo lugar, se profundizan las grietas en el tejido social, generando división y desconfianza entre los diferentes sectores sociales. En tercer lugar, se compromete la gobernabilidad, ya que la constante confrontación y falta de consenso dificultan la implementación de políticas públicas efectivas y permanentes para el desarrollo social.

El caso reciente de Bocas del Toro es un buen ejemplo de caos y de cómo la crisis política y social en Panamá puede degenerar en anarquía y anomia. Lo que comenzó como protestas evolucionó hacia un estado de desorden, donde las reglas sociales parecen haber perdido fuerza y la autoridad del Estado se ha diluido o es inexistente.

Para comprender la magnitud de la situación, es fundamental adentrarnos en el concepto de anomia, acuñado por Émile Durkheim, el cual describe un estado de desregulación social, donde los cánones que guían el comportamiento individual y colectivo se debilitan o desaparecen. En una sociedad anómica, los individuos pierden el sentido de dirección, las expectativas sobre el comportamiento de los demás se vuelven inciertas: la cohesión social se desintegra. Los valores compartidos se desgastan, la moralidad colectiva se fragmenta, dando lugar a un aumento de la delincuencia, la violencia y la desconfianza.

La anomia se manifiesta como:

• Pérdida de autoridad estatal: el Estado desprotege a sus ciudadanos, creando un ambiente propicio para que surjan individuos y grupos que actuarán al margen de la ley, por lo que dicha incapacidad para mantener el orden (no solo en lo represivo) crea vacíos de poder.
• Colapso de los mecanismos de regulación social: el poder Ejecutivo, gobiernos locales, policía, sistema judicial y otras instituciones pueden ser superados, perdiendo mucha de su capacidad regulatoria.
• Individualismo extremo: un estado anómico logra que el interés personal prevalezca sobre el beneficio social; cada individuo o grupo busca satisfacer sus necesidades, aunque implique perjuicio para otros.
• Violencia y criminalidad descontrolada: La ausencia de pautas claras y la debilidad de la autoridad conducen a un aumento de la violencia y otras formas de criminalidad. La impunidad se impone.
• Desesperanza y desmotivación: psicológicamente, la anomia genera una profunda sensación de desesperanza y desmotivación. La falta de un futuro predecible y la incapacidad de controlar el entorno pueden llevar a la apatía o a reacciones violentas de frustración.

Todo lo arriba anotado puede ser identificado en Bocas del Toro, como advertencia de los peligros que acechan a una sociedad cuando la crisis política se profundiza y no se encuentran canales efectivos para resolver los conflictos, dada la falta de tino del gobierno, para comprender las raíces del descontento y ofrecer soluciones consensuadas.

¿Qué sucede realmente? Los ciudadanos, al comparar su situación actual con lo que consideran que merecen y lo que ven que tienen otros grupos (las élites), sienten que hay injusticia y mucha frustración. Lo cual lleva al deseo de un cambio “a como dé lugar”. Adicionalmente, la identidad social compartida por los manifestantes, la identificación de una amenaza común (el gobierno y sus políticas), y la búsqueda de justicia social son elementos claves que movilizan a la población. Por ello, una comunicación efectiva, basada en el diálogo y el respeto mutuo, es fundamental para la construcción de consensos sociales.

Las dificultades que atraviesa Panamá tendrán consecuencias a corto y largo plazo:

A corto plazo:

• Paralización económica: la inestabilidad general afecta la actividad económica, que se traduce en múltiples pérdidas y aumento del desempleo.
• Crisis social agudizada: la escasez en algunas regiones, el deterioro de los servicios públicos, y el aumento de la inseguridad generan una crisis que afectará la calidad de vida de los ciudadanos.
• Polarización política: La sociedad se divide aún más, con facciones políticas enfrentadas. Esto dificulta la búsqueda de soluciones dialogadas fomentando la animosidad y desconfianza.
• Desgaste de la confianza pública: La credibilidad del propio Estado y de toda la clase política están muy comprometidas, obstaculizando la gobernabilidad e implementación de reformas estructurales efectivas.
• Crisis de la imagen internacional: La inestabilidad interna deteriora la reputación de Panamá en el escenario global, afectando la inversión extranjera y su posición como centro logístico y financiero.

A largo plazo:

• Debilidad democrática: la represión, la persecución política y la tendencia autoritaria socavan los pilares de la democracia panameña, limitando las libertades y restringiendo el espacio para la disidencia.
• Ciclos de inestabilidad: si no se abordan las causas del malestar, Panamá corre el riesgo de caer en ciclos recurrentes de inestabilidad política y social, cada vez con menos espacio entre un ciclo y el siguiente, impidiendo el desarrollo sostenible.
• Daño irreversible al medio ambiente: decisiones sobre proyectos como la mina de Donoso pueden tener consecuencias ambientales funestas, arriesgando a las futuras generaciones con graves conflictos socioambientales.
• Impacto psicosocial profundo: La prolongada situación de crisis, incertidumbre y violencia puede generar traumas colectivos, afectar la salud mental de la población, que afectan la cohesión social y la participación ciudadana. Las nuevas generaciones vivirán en una constante desconfianza hacia el Estado y sus instituciones.

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Nuestra actual situación es un llamado de atención urgente sobre la necesidad de una gobernanza que priorice el diálogo, el consenso y el bienestar de todos los ciudadanos sobre los intereses particulares. La situación en Bocas del Toro es un síntoma alarmante de una enfermedad más profunda que afecta a la sociedad panameña en su conjunto: la pérdida de fe en las normas, en las instituciones y en la vida en común.

Desde la psicología social se reconoce que las crisis políticas no son solo el resultado de decisiones económicas o estratégicas, sino que están profundamente arraigadas en las percepciones, emociones y dinámicas sociales. La desconfianza, la frustración y la indignación son fuerzas poderosas que, si no son canalizadas de manera constructiva, desembocan en el caos.

Hay que discutir en forma realista, sobre las causas estructurales de la desigualdad y garantizar que las políticas públicas beneficien a la mayoría, no solo a unos pocos. Para superar esta crisis, es fundamental que el gobierno abra canales genuinos de diálogo con todos los sectores de la sociedad, reconociendo la legitimidad de sus demandas y buscando soluciones consensuadas para problemas como la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia para reconstruir la confianza en las instituciones.

El autor es psicólogo social