La falta de liderazgos y proyectos políticos serios plantea un grave peligro para el futuro de Panamá. Un país sin una visión clara de su destino, sin un rumbo definido, está condenado a ir la deriva.

Las elecciones de mayo de 2024 en Panamá dejaron una sensación desagradable en la ciudadanía. Si bien se cumplió con el “ritual democrático”, como ocurrido desde que “regresamos” o nos “regresaron” al redil de la “democracia”, producto de la invasión estadounidense en 1989, el resultado arrojó una preocupante y evidente realidad: la nación se encuentra huérfana de liderazgos genuinos, sólidos, socialmente validados, tanto a nivel individual como colectivo; carecemos de proyectos políticos coherentes que puedan guiar al país hacia un futuro promisorio. Este vacío social no es un fenómeno nuevo, sino la culminación de una serie de factores históricos, sociales y políticos que han erosionado la confianza en las instituciones y en la clase dirigente.

Estos vacíos se explican en virtud del modelo político implantado en Panamá, por obra y gracia de los Estados Unidos, país que tenía casi que por constitución política el derecho de actuar a sus anchas en nuestro territorio, incluyendo el sacrosanto “derecho” de inmiscuirse en nuestros asuntos, siendo llamados en varias ocasiones por presidentes panameños, para que intervinieran con la fuerza militar a dirimir elecciones, problemas de empresarios privados, entre muchos otros momentos bochornosos más.

Dicho modelo, más propio de un protectorado, fue la causa para que los movimientos sociales, que siempre los ha habido muy beligerantes, no lograran cuajar de una manera más firme, como sí sucedió en otros países de nuestra esfera latinoamericana, caso de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, etc. Ello siempre produjo cierto nivel de espontaneidad en dichas organizaciones con una vida efímera, a veces coyuntural. En los casos en los que había mayor beligerancia se producían persecuciones, agresiones, judicialización, en cuyas situaciones muchas veces los detenidos eran conducidos a la cárcel una vez eran juzgados en la Corte de Balboa, con policías de la “Zona del Canal”, en idioma inglés. 

La victoria de José Raúl Mulino, con un descolorido 34% de los votos válidos, es un síntoma vívido de esta crisis. Mulino, ungido como sucesor de Ricardo Martinelli tras la inhabilitación de este último, posee una legitimidad cuestionada por la forma en que fue autorizado, el poco margen de votos favorables, así como no es poseedor del carisma necesario para unir a un país profundamente dividido; añadamos que tampoco parece interesarle mucho ser carismático, toda vez que apuesta a un estilo personal y un manejo del poder que le permitiría (ya vemos que no es así) gobernar con pocos sobresaltos. Su triunfo, más que el resultado de una visión política convincente fue producto de una imposición que evidencia la fragilidad del sistema de partidos y la persistencia del caudillismo en la política panameña: un verdadero anacronismo, que muestra que todavía nos falta mucho por evolucionar como sociedad. Esta forma de ejercer el poder, basada en la concentración de la autoridad, ha obstaculizado el desarrollo de una cultura política democrática.

Siendo así, existe una crisis de liderazgo, que se extiende a todo el espectro político. Los partidos, antes pilares de la democracia, aunque no muy diferentes a lo actual, se han convertido, sin ninguna excepción en meras maquinarias electoreras, desprovistas de ideología y doctrina. Su pragmatismo rampante, su afán por el poder a cualquier costo, los ha alejado de la ciudadanía, que los percibe como entes corruptos y clientelistas. La falta de transparencia en su financiamiento, la opacidad en la toma de decisiones y la ausencia de mecanismos de participación interna reales han contribuido a su desprestigio y a su desconexión con las respectivas bases de miembros; a todos les ha llegado el impacto de un marcado deterioro: desnaturalización doctrinaria total, pérdida de identidad, mutar de poseer postulados programáticos fuertes a moverse por la política del chantaje, sin líderes de verdad ni alcance genuino en la población. Es un problema grave.

Esta orfandad ideológica tiene profundas consecuencias. Sin un debate programático robusto, las elecciones se reducen a una competencia de personalidades vacías, puros zombies políticos que no tienen nada más que ofrecer que falsas ofertas electorales, donde las promesas grandilocuentes y los ataques personales reemplazan a las propuestas concretas, realizables. La campaña pasada lo demostró hasta la saciedad: sin duda fue, en nuestro concepto, la peor campaña política que se recuerde, con candidatos sobreactuados, ilegítimos desde la propia campaña, desconectados de la realidad, discursos acartonados, artificiales, no hubo uno solo que lograra encantar a los votantes con propuestas medianamente seductoras, mucho menos interesantes.

Los ciudadanos, desorientados y escépticos, se ven obligados a elegir entre opciones que no representan sus verdaderos intereses, que no ofrecen soluciones a los problemas que aquejan al país: no se fundamentan en la transformación estructural del Estado panameño. Esta situación genera un desencanto generalizado con la política y alimenta el abstencionismo y el voto nulo, debilitando aún más la legitimidad del sistema democrático.

VEA ESTO: Panamá, buen ejemplo de una crisis estructural

Si revisamos los resultados de las elecciones para presidente de la República de Panamá, desde 1994 tenemos lo siguiente:

• Ernesto Pérez Balladares (1994-1999): 33,28%  
• Mireya Moscoso (1999-2004): 44,81%  
• Martín Torrijos (2004-2009): 47,54%
• Ricardo Martinelli (2009-2014): 60,00%
• Juan Carlos Varela (2014-2019): 39,06%
• Laurentino Cortizo (2019-2024): 33,27%
• José Raúl Mulino (2024-2029): 34,29%

Salvo un caso, ninguno llegó a alcanzar un número mayor al 50%, que explica esa sensación de “artificialidad” que han despertado los distintos gobiernos, algunos con acusados desgastes casi inmediatamente al inicio de sus mandatos; el mencionado panorama nos plantea un limbo político. En medio de este contexto, los movimientos sociales podrían desempeñar un papel crucial como contrapeso al poder establecido y como fuente de propuestas alternativas. Sin embargo, en Panamá, como ya se mencionaba, estos movimientos han sido históricamente débiles y objeto de ataques sistemáticos. La represión de las protestas, la criminalización de los líderes sociales y la estigmatización de las demandas populares han sido una constante en la historia del país.

La élite gobernante, aferrada a sus privilegios, ve en la movilización social una amenaza a su predominio. Por ello, recurre a la represión, la criminalización y la estigmatización para desactivar cualquier intento de organización popular. Los grandes medios de comunicación, controlados por los mismos intereses económicos y políticos, contribuyen a esta estrategia deslegitimando los reclamos. Esta actitud no solo cercena la libertad de expresión y el derecho a la protesta, sino que también priva al país de un valioso motor de cambio social y de una fuente de ideas innovadoras y transformadoras.

La falta de liderazgos y proyectos políticos serios plantea un grave peligro para el futuro de Panamá. Un país sin una visión clara de su destino, sin un rumbo definido, está condenado a ir la deriva. La corrupción, la desigualdad, la ineficiencia de los servicios públicos y la falta de oportunidades seguirán erosionando el tejido social, generando frustración, descontento y polarización, lo cual estamos viviendo nuevamente. La persistencia de estos problemas estructurales, que han sido abordados de manera superficial o ignorados por los sucesivos gobiernos, alimenta la desconfianza en las instituciones y la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Esta situación puede desembocar en estallidos sociales impredecibles, como los que ya se han vivido en años recientes. La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas y de una clase política enajenada por el poder, elige la vía de la protesta y la movilización para expresar su hartazgo y su frustración. Estos estallidos, aunque legítimos, pueden desestabilizar el país y poner en riesgo su gobernabilidad, generando un clima de incertidumbre que afecta a todos los sectores de la sociedad.

Además, la falta de liderazgo y de una concepción de nación sólida puede ahuyentar la inversión extranjera, frenar el crecimiento económico y debilitar la posición de Panamá en el escenario internacional. En un mundo cada vez más competitivo, un país sin rumbo claro corre el riesgo de quedarse rezagado, de perder el tren del progreso y verá disminuida su influencia en la región y el mundo. La globalización exige a los países tener una visión estratégica y una capacidad de adaptación que Panamá no tiene en este momento.

VEA ESTO: Crisis social en Panamá: estallido crónico y silenciado

La crisis de liderazgo en Panamá no es un fenómeno reciente, sino que tiene profundas raíces históricas y culturales. El caudillismo, el clientelismo y la corrupción han sido una constante en la vida política del país desde su independencia. La ausencia de una cultura democrática bien cimentada, la debilidad de las instituciones y la persistencia de las desigualdades sociales han creado un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de líderes autoritarios y la perpetuación de un sistema político excluyente y corrupto.

La historia de Panamá ha estado marcada por la inestabilidad política, las intervenciones extranjeras y la concentración del poder en manos de unas pocas familias. Esta trayectoria ha dificultado la construcción de un Estado moderno y eficiente, capaz de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y de promover el desarrollo social y económico del país. La herencia de esta historia pesa sobre el presente y dificulta la superación de la crisis actual.

La pregunta obligada es: ¿qué podemos hacer? Ante este panorama poco alentador, es imperativo que la sociedad panameña asuma un papel protagónico. Es necesario un despertar ciudadano que exija a la clase política un cambio de rumbo y que impulse una profunda transformación del sistema político y social. Algunas posibles vías para lograrlo:

• Revitalizar los partidos políticos: Urge una reforma integral de los partidos, que los obligue a rendir cuentas, ser más transparentes y elaborar programas ideológicos sólidos que conecten con las necesidades de la gente, así como renovar los liderazgos enquistados en sus estructuras formales. Esta renovación debe incluir mecanismos para garantizar la participación de los ciudadanos/miembros en la toma de decisiones, la rendición de cuentas de los dirigentes y la limpieza en el manejo de los recursos. Los partidos políticos son vistos como algo más semejante a bandas delictivas que a entes coadyuvantes en la búsqueda del fortalecimiento de la gobernabilidad.
• Fortalecer los movimientos sociales: Es fundamental aprender a convivir con las organizaciones sociales, reconociendo su papel como defensores de los derechos ciudadanos y como fuente de propuestas alternativas. El Estado debe garantizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, absteniéndose de criminalizar la movilización social como única respuesta a sus reclamos.
• Promover la participación ciudadana: Se deben crear mecanismos que permitan a la ciudadanía incidir en la toma de decisiones, como los presupuestos locales participativos y las iniciativas legislativas populares. El sistema educativo debe jugar un papel estelar en ello, motivando el crecimiento de la conciencia ciudadana desde jóvenes. Estos mecanismos fortalecen la democracia y permiten a los ciudadanos tener un mayor control sobre los asuntos públicos.
• Fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos: Es necesario apoyar a aquellos líderes que demuestren honestidad, capacidad de gestión, compromiso social y una visión clara del futuro del país. Estos líderes deben surgir de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de los sectores académicos y profesionales, debiendo estar dispuestos a desafiar el statu quo y a proponer alternativas transformadoras.
• Impulsar una reforma constitucional: Una reforma profunda de la Constitución podría sentar las bases para un nuevo pacto social que garantice la igualdad, la justicia y la participación ciudadana. Esta reforma debería abordar temas como la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos.

Estamos ante, por decirlo, en una palabra: hechos impostergables. El tiempo apremia, y el futuro de la nación está en juego.

No se puede continuar con la sensación de que aparece una crisis y ocurren eventos para los que luego nos queda la pregunta: ¿cómo resolvemos esto ahora?

El autor es psicólogo social