El político Ahmed tenía un extenso prontuario delictivo y había dejado a sus hijos encargados del mundo de las extorsiones y secuestros.
Un ex político indio que había sido condenado por secuestro fue asesinado a tiros en la televisión en vivo el sábado 15 de abril por la noche junto con su hermano.
Atiq Ahmed, que estaba escoltado por la policía, estaba hablando con los periodistas cuando una persona le puso una pistola en la cabeza, disparó y lo asesino.
El incidente tuvo lugar en la ciudad de Prayagraj también conocida como Allahabad en el estado norteño indio de Uttar Pradesh.
Después de los disparos, tres hombres que se hicieron pasar por periodistas se entregaron y fueron arrestados.
Unos días antes, la policía había matado a tiros al hijo adolescente de Ahmed encargado en la actualidad de secuestros y extorsiones.
Durante las últimas dos décadas, Atiq Ahmed ha sido acusado de decenas de delitos, incluidos secuestro, asesinato y extorsión. El mes pasado, un tribunal lo condenó a cadena perpetua en un caso de secuestro.
Ahmed ya había declarado que estaba siendo amenazado por la policía.
Las imágenes que se transmitieron en vivo por la televisión india muestran a Ahmed y su hermano, Ashraf, ambos esposados, hablando con periodistas en su camino a un chequeo médico en un hospital segundos antes de que les dispararan.
En el video, se le pregunta a Ahmed si asistió al funeral de su hijo.
Sus últimas palabras a la cámara son: «No nos llevaron, así que no fuimos».
Los tres sospechosos llegaron al lugar en motocicletas, dijo la policía. En el lugar también resultaron heridos un policía y un periodista.
Después del incidente del sábado por la noche, el ministro principal, Yogi Adityanath, ordenó una investigación judicial sobre los asesinatos y prohibió las reuniones públicas a gran escala en Uttar Pradesh para garantizar la paz.
Los expertos cuestionaron cómo dos personas pudieron haber sido asesinadas frente a la prensa y la policía. El corresponsal hindi de la BBC, Anant Zanane, dice que la ciudad ahora está en una especie de bloqueo.
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Ahmed habia tenido una larga carrera en la política, y también en el mundo criminal. Primero fue acusado de asesinato en 1979. Durante la próxima década, ganó mucha influencia en la parte occidental de la ciudad de Prayagraj.
Ganó su primera elección como candidato independiente y se convirtió en representante estatal en 1989, sirviendo dos mandatos consecutivos. En 2004 ganó un escaño en las elecciones federales como diputado.
Durante ese período, siguió siendo objeto de enjuiciamientos en Prayagraj y otras partes del estado.
Durante la próxima década, Ahmed se presentó a más elecciones, pero las perdió todas. En 2019, el tribunal supremo de la India ordenó su traslado a una prisión en el estado de Gujarat por planear ataques contra un empresario en la prisión de Uttar Pradesh, donde estaba recluido en espera de juicio por otro caso.
En marzo, lo llevaron de Gujarat a Prayagraj para comparecer ante un tribunal local, que anunció su sentencia en un caso de secuestro.
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Ahmed también fue llevado a la ciudad para ser interrogado en otros casos. Su hermano Ashraf, que estaba detenido en el distrito de Bareilly, también fue llevado a la ciudad para ser interrogado.
Ambos estaban siendo interrogados sobre el asesinato en febrero de una persona que iba a declarar sobre la muerte en 2005 de otro político, rival de Ashraf.
El hijo adolescente de Atiq Ahmed, Asad, y han sido nombrados como los principales sospechosos en el caso de asesinato de testigos. Assad y otro hombre fueron asesinados por la policía a principios de esta semana en un tiroteo.
El mes pasado, la Corte Suprema de India se negó a escuchar la petición de Ahmed en la que afirmaba que la policía había amenazado su vida.
Uttar Pradesh está gobernado por el partido nacionalista hindú BJP. Los partidos de oposición criticaron los asesinatos.
«El crimen ha alcanzado su punto máximo en UP y la moral criminal es alta», tuiteó Akhilesh Yadav, líder del partido opositor Samajwadi.
Más de 180 personas que enfrentan varios cargos han sido asesinadas por la policía en el estado en los últimos seis años.
Activistas de derechos humanos acusan a la policía de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. El gobierno estatal niega las acusaciones.
Muchos dicen que los encuentros entre la policía y los sospechosos son diseñados por oficiales e invariablemente terminan con políticos criminales muertos y oficiales ilesos.
