Hemos sido incapaces de hacer que los aperos del sistema judicial funcionen bien. Quienes tienen dinero, poder e influencia hacen añicos a fiscales, jueces y magistrados.

La influencia del Gobierno de EE.UU. en la política panameña tuvo su pico más alto durante al menos 75 años del siglo pasado. Luego se disimuló un poco con la firma de los tratados relativos al Canal y el imperio de la soberanía, a partir de diciembre de 1999.

Sin embargo, de alguna manera la política interna en el nuevo siglo, los presidentes electos y hasta nuestra política exterior, han estado marcados por una suerte de omnipresencia de todos los gobiernos de estadounidenses.

Llama la atención que, durante el actual gobierno que lidera Laurentino Cortizo, se ha vuelto a percibir esa presencia e influencia mediante las numerosas visitas de altos funcionarios estadounidense al país, así como la intensidad de las presentaciones y expresiones públicas de sus representantes diplomáticos acreditados en Panamá.

Recientemente, surgió un pronunciamiento del Departamento de Estado en el que se hace referencia directa a un ciudadano panameño al que se le califica de corrupto.

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Se trata del expresidente Ricardo Martinelli a quien, además, se le restringió el ingreso a EE.UU., lo mismo que a su familia por “actos de corrupción significativa”.

A ningún panameño, con algo de dignidad, le parece buena la idea que otro Estado actúe como juez y condene moral o judicialmente a un compatriota y, muchos menos, que esas acciones tengan como objetivo incidir directamente en las candidaturas y, por ende, en los posibles resultados electorales.

Pero no se trata de rasgarnos las vestiduras, sino de preguntarnos cómo es que volvimos a ese punto de sumisión y dependencia, que aparentemente parecía superado.

La respuesta es sencilla. Hemos sido incapaces de hacer que los aperos del sistema judicial funcionen bien. Quienes tienen dinero, poder e influencia hacen añicos a fiscales, jueces y magistrados.

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Además, un segmento numeroso de la población premia, una y otra vez, con su voto a quienes les roban; montan sobre pedestales a quienes son señalados directamente como partícipes de conductas ilegales y actores directos en zonas oscuras, mientras ejercen la función de Gobierno.

En resumidas cuentas, los únicos que pueden enderezar este entuerto político, ético y moral que enfrenta el país, son los ciudadanos.

Los que tienen derecho al voto, son el primer filtro para que no sigan escalando al poder personajes que nos disminuyen, que empañan nuestro perfil como país con potencial de crecimiento y cuyo mal proceder nos mantiene en tantas listas negativas, pone riesgo nuestra economía, mientras caminos constantemente sobre una especie de cuerda floja.

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