Lasso aplico el artículo 148 de la Constitución de la República, que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el miércoles 17 de mayo la disolución del parlamento debido a una «grave crisis política» y convocó nuevas elecciones generales.
Lasso, quien enfrenta un proceso político por peculado, ordenó «la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna», según el documento difundido por Presidencia.
Según el comunicado de prensa N° 741 de Presidencia, el mandatario decidió disolver la Asamblea Nacional y notificó al Consejo Nacional Electoral para convocar a elecciones en un plazo de siete días “de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional” de Ecuador.
El artículo 3 de la Carta Magna prevé «la notificación a la Asamblea Nacional de la vigencia completa de los mandatos para los que fueron designados los diputados». El texto tiene un ítem en el mismo artículo: “la terminación anticipada de los contratos de los parlamentarios ocasionales”, es decir, la destitución de quienes no formen parte de la nómina del Congreso.
El documento que circuló por los órganos institucionales de todo el Ecuador este miércoles 17 explica que «esta disolución no da derecho a los asambleístas ni a ningún funcionario legislativo a reparación o compensación alguna, tal como lo establece expresamente la Ley Orgánica del Poder Legislativo». Función».
Aún según el comunicado, el decreto «entrará en vigor inmediatamente», sin siquiera esperar la publicación en el Diário da República.
Tras dar a conocer el decreto, el presidente de Ecuador publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que «esta es la mejor decisión para dar una salida constitucional a la crisis política y convulsiones internas que atraviesa el Ecuador y devolverle al pueblo ecuatoriano la poder decidir su futuro en las próximas elecciones». El anuncio se produjo mientras se tramita el juicio político contra Lasso, acusado del presunto delito de peculado, es decir, malversación de caudales públicos.
