Cortizo mostró su carácter impositivo, ungiendo al vicepresidente, desde 2019 prácticamente. Hoy el vicepresidente y candidato es visto como el hombre de la empresa minera en Panamá.
Durante las últimas 3 semanas hemos sido testigos de los acontecimientos por todos conocido desde su origen; el actual gobierno actuó violentando la opinión de un sector mayoritario de la población; acto perpetrado por los allegados al poder político y económico que responden al gran capital internacional, que dicta todas las políticas que refuerzan la pobreza, desigualdad, inoperancia gubernamental y el manejo sesgado de los recursos del Estado.
Actualmente, podemos aseverar que nos encontramos en lo que se conoce, como Anomia. Una suerte de “enfermedad social” que nos desborda en función de las rupturas de los esquemas o instancias que proveen orden, coherencia y estabilidad social. Más que nada se refiere a que al estar inmersos en una sociedad en la que la corrupción, el soborno, el mal uso y administración de los recursos del Estado, entre muchos otros vicios sociales más, se llega al momento en que todo se traduce en una constante exposición a hechos que nos llevan a convivir con una permanente sensación de caos, ruptura, deriva social, lo que da paso a mayor delincuencia, irrespeto a las leyes, irreverencia hacia todo lo que represente poder.
Después de la invasión militar de 1989, se empezaron a ver los primeros movimientos hacia la aplicación de medidas neoliberales en Panamá, promovidas por sus principales ideólogos como Arnold Harberger y, principalmente, Milton Friedman y sus Chicago Boys, los cuales estaban presentes en la mayoría de los gobiernos de nuestra región; dentro de ese período, se da la promulgación de los nefastos Consensos de Washington, cuyas recomendaciones conocidas como medidas de ajuste económico estructural se impusieron en Panamá a sangre y fuego.
Estas medidas fueron las que promovieron la participación de las grandes transnacionales en las principales obras de nuestro país; se dio la venta de una gran cantidad de bienes estatales, privatización de empresas de servicios públicos, que en nada nos han beneficiado. Esto equivalió a regalar nuestros bienes y recursos, sin que la población panameña se beneficiara de ello.
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Así se vendieron o “concesionaron” los grandes puertos, las hidroeléctricas, la generación de energía por medios no hidroeléctricos, la telefonía, recursos minerales, piratean nuestros recursos pesqueros, entre muchos otros más. Quedándonos en completa indefensión ante las transnacionales, que controlan a las entidades públicas que debieran velar por nuestros intereses. Adicionalmente, ya se notan los efectos de la paralización del sector agropecuario, cada vez menos eficiente, incapaz de abastecer las necesidades de consumo del mercado nacional, pasando a ser un país importador. Todo esto es consecuencia de la acción de las políticas neoliberales.
Resultados: inconformidad generalizada, necesidades básicas insatisfechas, corrupción rampante, frustración social, indefensión, desesperanza y enojo acumulados. Sin dejar de lado a la impunidad, el rejuego económico y político entre los mismos actores de siempre, utilizando de peones a los tres poderes del Estado, perjudicando al país.
Por ello, lo que provocó las primeras muestras de malestar en la población fue el proceso de aprobación del contrato minero, a lo que se le han sumado otros problemas, dentro de los cuales, cada sector participante ha ido aportando sus descontentos particulares, notándose que han surgido protestas en las comunidades por falta de agua, luz, comida, salida a los mercados, estado de las calles, etc.; se protesta por todo lo que los gobiernos han hecho en contra de nosotros, incluyendo la corrupción.
Lo peor dentro del tema de la minera, es la forma en que se procedió a su aprobación y sanción.
Cortizo mostró su carácter impositivo desde el principio, ungiendo como candidato a la presidencia al vicepresidente, desde 2019 prácticamente. Hoy el vicepresidente y candidato es visto como el hombre de la empresa minera en Panamá.
Hay que destacar el mal proceder de la Asamblea y del presidente Cortizo, dado que el contrato se aprobó en tres debates apurados en la Asamblea, siendo el último debate el 20 de octubre, mismo día en el que se sancionó la ley, a pocas horas después de su aprobación y más curioso: se publicó inmediatamente en Gaceta Oficial, ayudando más a que se percibiera negativamente la intención gubernamental.
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El presidente dijo que al ver el panorama planteado por el fallo anterior de inconstitucionalidad pensó en tres opciones, las cuales enumeró en un mal discurso por cadena nacional. Opciones que no existían. Además de eso, propagaron relatos de miedo y terror con supuestas demandas que arruinarían al país: había que entregar el país montando una farsa de aprobación que, en la primera ronda de «consultas ciudadanas» consistía en el debate entre sectores a favor y en contra de la mina. Seguidamente, se inventaron otra comedia: «consultas en campo», que solo fue otro paso en la bitácora hacia la imposición del contrato.
La expectativa era que, una vez agotada la ronda en campo, se retomaría el primer debate; pero, el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, dijo que ya no habría más consultas y que se devolvería el anteproyecto al Ejecutivo para que hiciera las correcciones recomendadas y lo mandara de vuelta a la Asamblea para un nuevo proceso de Primer Debate solo de la Comisión de Comercio, a paso redoblado, en menos de 10 días.
A partir de la sanción, empezó un clamor popular que no ha cesado, al contrario, se ha ido incrementando, ahogando las posibilidades del gobierno de maniobrar políticamente. Ahora el gobierno no sabe qué hacer para sacarnos de esta crisis en la que nos han metido.
*El autor es el magíster Jesús A. López Aguilar, Psicólogo social
