La defensa del expresidente Ricardo Martinelli alegaba que la jueza Baloisa Marquínez no ejerció su autoridad al no lograr la comparecencia de dos testigos.
El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no admitió el amparo de garantías constitucionales promovido por la defensa particular del expresidente Ricardo Martinelli, en contra de la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dentro del caso New Business.
El Tribunal concluyó que ‘no se advierten los caracteres de lesividad y trascendencia que justifiquen la admisibilidad de esta acción constitucional’.
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La defensa del exmandatario, sentenciado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales, alegaba que Marquínez no ejerció su autoridad al no lograr la comparecencia de dos testigos de la defensa a la audiencia celebrada el pasado 25 de mayo.
Además, aseguraban que la funcionaria demandada les ha conculcado su derecho a interrogar las pruebas de cargos, las pruebas testimoniales que pretenden incriminarlo, y que era deber de la juzgadora procurar que se diera la confrontación o interrogatorio con la prueba de cargos, por lo que la jueza ‘cercenó el libre y pleno ejercicio del derecho que tiene la defensa a interrogar a los testigos’.
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De acuerdo con el tribunal, para que un acto califique con miras a la admisibilidad de su impugnación en amparo, es necesario que este sea capaz de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Política, sino en convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá, asimismo en la ley, y que el contenido lesivo del mismo afecte los derechos y garantías constitucionales de una persona en específico.
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Las magistradas ponentes, Guimara Aparicio Ortega, Melina Robinson Oro y Lilianne Ducruet, señalaron que bajo este contexto y con base en la tutela judicial, está ‘ausente’ el requisito de lesividad del acto, por lo que la actuación de la juzgadora no viola las garantías del orden constitucional.
Agregaron que el uso del amparo como medio para cuestionar temas probatorios solo procede de manera excepcional en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental, por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia en la que exista falta de motivación o deficiente argumentación.
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