Surge roce entre procurador de la administración y contralor por gastos de alcaldes y representantes

El procurador Rigoberto González reacciona a una comunicación en la que se infiere inacción en el caso de los gastos de movilización de alcaldes y representantes.

El contralor Gerardo Solís y el procurador de la Administración, Rigoberto González. Fotos: Tomadas de Contraloría y Imelcf

En medio de los polémicos gastos de movilización de alcaldes y representantes de Panamá, surge un roce entre dos altos funcionarios de fiscalización.

Se trata del contralor general, Gerardo Solís y el procurador de la administración, Rigoberto González, aunque este último asegura que de su parte no hay intención de crear conflictos.

Las reacciones se dan luego que el lunes 19, cuando la Contraloría comunicó la suspensión de los pagos de gastos de movilización para alcaldes y representantes, a su vez hizo referencia a la supuesta inacción ante el caso por parte de González.

‘Si yo he podido incurrir en una ilegalidad, pues hay que presentar la denuncia’

Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración

‘Si se me llama a mí por mi nombre, yo tengo que responder por el cargo que ostento’ , expresó el procurador de la administración este miércoles, luego enviar una carta a Solís cuestionando la mención que le hicieron en la nota de prensa.

Contralor suspende pago de gastos para movilización de alcaldes y representantes

Sin embargo, González reitera que la carta ‘no tiene el ánimo, ni anda buscando, ni es la idea de crear ante la opinión pública que hay una guerra entre funcionarios’.

Por lo contrario, el procurador explicó que se mantuvo a distancia del proceso, conociendo las funciones del contralor general.

En la nota de prensa, la Contraloría informó textualmente que: ‘se pudo determinar que durante el periodo del procurador de la administración, Rigoberto González y del excontralor Federico Humbert, los gastos de movilización pasaron de $3,000 a $5,000 mensuales. Sin el requerimiento, hasta la fecha, de una ‘revisión minuciosa’, tal como ha ordenado el contralor Solís al calor del debate.

La asignación de gastos de movilización está suspendida para los 81 alcaldes y 679 representantes de corregimientos.

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