Según la diputada Zulay Rodríguez la investigación abierta por supuesto hurto de lingotes de oro a un ex cliente es parte de una persecución y manipulación del Gobierno.
La diputada Zulay Rodríguez reapareció en la palestra para responsabilizar al presidente Laurentino Cortizo y al vicepresidente José Gabriel Carrizo, de una persecución en su contra, tras ser notificada de una investigación por supuesto hurto de lingotes de oro a un cliente fallecido.
‘Responsabilizo al presidente y a su candidato títere de estar utilizando el poder para coaccionar a quienes nos oponemos a su gestión’, expresó en un comunicado.
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Según Rodríguez esa persecución también ha sido denunciada por aspirantes presidenciales dentro del oficialista Partido Revolucionario Democrático, como Pedro Miguel González y Crispiano Adames.
La diputada, que había bajado su perfil desde hace varios meses, además negó que estuviera evadiendo la notificación de este proceso al cual tilda como una ‘patraña’ armada para afectar su postulación a la Presidencia de la República, a través de la libre postulación, la cual encabeza con 124 mil firmas.
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Este proceso es competencia de la Corte Suprema de Justicia debido a que son quienes investigan a los diputados y se originó en febrero de 2022 cuando los ciudadanos mexicanos, Diana Clemencia Ríos y David Penagos, la viuda y el hijo del empresario mexicano José Luis Penagos (fallecido), querellaron penalmente a la diputada Rodríguez por el supuesto hurto de 65 kilos de oro valorados en 4 millones de dólares.
Según los querellantes, la diputada y su socio habrían aprovechado el poder otorgado por Penagos para recibir de forma ‘ilicita’ el oro por parte de la Autoridad de Aduanas en septiembre de 2018, y acto seguido, supuestamente, le negaron la devolución de la parte que le correspondía a Penagos, tras cumplir con los honorarios.
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En ese momento Zulay Rodríguez negó rotundamente acciones ilegales contra Penagos, quien presuntamente le adeudaba honorarios tras representarlo durante nueve años, después de ser detenido el 9 de marzo de 2009 en Panamá, al no poder justificar la posesión de los kilos de oro.
